Amalia Lacroze de Fortabat murió en el justo momento en que su nombre comenzaba a repetirse en el juicio por el secuestro y asesinato en dictadura de Carlos Alberto Moreno, un abogado laboralista representante de trabajadores de la cementera Loma Negra, empresa con la que la mujer amasó su fortuna. Dejó de existir también en el justo momento en que el máximo asesino del país, Jorge Rafael Videla, recordó el acompañamiento de los empresarios nacionales al proyecto político económico de los genocidas. Por eso con su muerte se instala la urgencia de avanzar en el análisis de las posibles complicidades civiles de la dictadura. Pero aunque quizá la muerte la haya dispensado de la instancia de la justicia, su rol durante los años de plomo será, de una u otra forma, develado por el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
El abogado Moreno fue secuestrado en Olavarría el 29 de abril de 1977, fue torturado en un centro clandestino de detención de Tandil y asesinado al intentar huir de sus captores. Por ese homicidio el Tribunal Oral en lo Criminal de Mar del Plata está juzgando en esa ciudad serrana a tres militares y dos civiles.
“Su labor en defensa de los trabajadores de la empresa Loma Negra, en ese momento propiedad de Amalia Lacroze de Fortabat, y con la anuencia y acompañamiento del coronel (Luis) Prémoli, es lo que lleva, definitivamente, al secuestro, tortura y asesinato de mi padre”, dijo en su declaración en el juicio Matías Moreno, el mayor de los hijos del abogado.
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