El escenario previo al golpe cívico-militar estuvo caracterizado por una agudización de la conflictividad social, la intensificación de la violencia política, el descalabro económico y la profunda debilidad del gobierno de Isabel Martínez de Perón, hechos que sirvieron de legitimación a la ruptura constitucional, y allanó el camino a la consumación de un proyecto autoritario, represor y excluyente.
El plan sistemático de desaparición forzada de personas, que tuvo como foco represivo a la clase obrera organizada y a los sectores populares que abogaban por la construcción de una patria diferente, fue pertrechado para eliminar todo tipo de resistencia a la instalación de un sistema económico y social injusto, antipopular y regresivo.
El proyecto neoliberal que se impuso, caracterizado por la apertura y liberalización de los mercados, provocó un profundo impacto en la estructura económica y social del país, teniendo como consecuencia inmediata una desestructuración del mercado de trabajo y su consiguiente incremento en los niveles de desocupación, pobreza y exclusión.
Con la recuperación de la democracia, el informe Nunca más y el Juicio a la Juntas constituyeron un primer intento del Estado por desbaratar la narrativa militar de los hechos.
Sin embargo, este intento se vio trunco con las posteriores leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos del gobierno menemista, que consagraron a la impunidad como respuesta del Estado, sintetizando así la continuación del proyecto autoritario por vía democrática.
El resultado de este período fue un país devastado económica, política, social y culturalmente, 30.000 compañeros desaparecidos, 500 niños apropiados, y una lucha que sobrevivientes, familiares, Madres y Abuelas, y organismos de DDHH mantuvieron vigente durante más de 30 años, pregonando la búsqueda de verdad y justicia.
Esta es la lucha que hoy hemos recuperado, y es por esta lucha, que el 25 de Mayo de 2003 se inaugura un nuevo paradigma en la relación del Estado con los DDHH, que se convierte en un ejemplo a seguir para el resto de América Latina y el mundo. Ello en el marco de proyecto político nacional y popular que instala un nuevo modelo económico de inclusión social y restauración de derechos.
La anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el enjuiciamiento a los represores, las reparaciones a las víctimas del Terrorismo de Estado, la recuperación de los Centros Clandestinos de Detención como sitios de memoria, y la Corte Suprema de Justicia anulando los indultos consagran a los DDHH como política ineludible del Estado Nacional.
A su vez, la intervención estatal en la economía abre la puerta a un nuevo modelo productivo que, apoyado en la clase trabajadora como actor fundamental del proceso, desanda el proyecto neoliberal instaurado por la dictadura. Así, desde el 2003 a la fecha se ha logrado el crecimiento económico más importante de los 200 años de historia, creando 5 millones de puestos de trabajo, recobrando el control estatal de los fondos de las AFJP, reinstalando los convenios colectivos de trabajo, destinando el 6% del PBI a la educación, recuperando las fábricas y la industria, e implementando la AUH que se convierte en la política social más revolucionaria de los últimos tiempos, entre otros hechos.
Por otro lado, los masivos festejos del bicentenario, las adhesiones a la ley de medios de la democracia y el Fútbol para Todos, el matrimonio igualitario y la reinstalación de los feriados por carnaval, dan cuenta de que las transformaciones no sólo tuvieron su impacto en el plano económico y material, sino también simbólico. Con el pueblo en las calles, movilizado, alegre y hermanado con las minorías tradicionalmente relegadas, se deja atrás otro lastre de la dictadura y el neoliberalismo: el miedo, el silencio, el individualismo y la fragmentación.
Desde la Juventud Platense para la Victoria celebramos los logros alcanzados, que son muchos y grandes. Sabemos también que lo que resta por hacer es aún mayor. Las desapariciones de Jorge Julio López y Luciano Arruga, el asesinato de Mariano Ferreyra, el trabajo en negro, los núcleos duros de pobreza y desocupación, las dificultades en el acceso a la vivienda y la tragedia de Once son heridas que calan hondo en la causa popular.
Una concepción integral de los DDHH y la convicción en la posibilidad de transformación hacia una Argentina más inclusiva, justa y soberana, son el motor de cambio que desde la Juventud consideramos indispensables para las conquistas futuras.
Por eso conmemoramos este 24 de marzo con Memoria de lo sucedido, reconociendo lo que se ha avanzado hasta el momento, y desvelándonos por las deudas pendientes. Pero con la certeza de que el camino iniciado en 2003 por Néstor Kirchner y que hoy continúa la Presidenta Cristina Fernández, nos conducirá finalmente a la Verdad y la Justicia.
*Documento elaborado por el Frente de Derechos Humanos de la JPV.
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