Excelente
nota de Eduardo Blaustein en Miradas al Sur.
Como sucede en el resto de la región, el gobierno se enfrenta con los grupos concentrados. La prensa brasileña debería asumir categóricamente que tiene un candidato y que tiene un partido, lo que no se puede aceptar es que intenten vender la idea de neutralidad. Sería más simple, más fácil.” “La verdad es que nosotros tenemos 9 o 10 familias que dominan la comunicación en este país. Y la mayoría de esos grupos profesan prejuicio, hasta odio”, hacia el gobierno. Las frases no son Lula for import, las pronunció el presidente del Brasil una semana atrás y, por supuesto, no fueron recogidas por los medios de nuestro país. Sin embargo, las reacciones de la derecha brasileña ante el debate propuesto por Lula para sancionar un nuevo régimen de medios espejan lo sucedido en Argentina y otros países de Sudamérica con una literalidad extraordinaria: se habla de “mordaza”, se recita el decálogo de la libertad de expresión corporativa, el “querer maniatar a los medios independientes y nacionalizar las comunicaciones”.
Lo que pasa en Brasil, y erizó la campaña electoral, sucede también en Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, ocurrió en Perú. Con un rasgo común llamativo que subraya Celso Schroder, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc): “En América latina se comienza a intentar modificar los sistemas nacionales de comunicación, creados en su mayoría en períodos autoritarios, de dictaduras; en los que los medios, de una manera general, contribuyeron bien con su silencio, o con complicidad”.
Lo que pasa en Brasil y Argentina también sucede en Ecuadro, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
De las “9 o 10 familias” mencionadas por Lula, la más poderosa y emblemática es la de Roberto Marihno, es decir el Grupo Globo. Tal como sucedió con el nacimiento del imperio Clarín en nuestra dictadura, la Globo (el remoto punto de arranque es el diario O Globo fundado en 1925) comenzó a pisar fuerte cuando los militares brasileños, un año después del golpe de Estado, en 1965, iniciaron un proceso de concesiones de canales televisivos. Dos años después, la Globo firmaba una alianza con el grupo norteamericano Time Life y para 1969 nacía el primer telediario –el Jornal Nacional– extendido a casi todo el inmenso territorio brasileño. Enriquecida y afirmada desde entonces, en la actualidad la Rede Globo es una corporación que articula 122 emisoras entre propias y afiliadas, llega al 99,5% de la población, es el mayor grupo de comunicación de Sudamérica y el cuarto canal de televisión abierta del mundo. El grupo es también el mayor productor de contenidos del país. El diario O Globo sigue existiendo y está entre los más vendidos. Y pertenece también a Globo la revista Época, la más reciente de las revistas semanales de información. Salió a la calle en mayo de 1998 y se estima que tiene una tirada de 900 mil ejemplares, más 800 mil suscriptores.
La Rede Globo es, en Brasil, algo así como el Grupo Clarín: articula 122 emisoras, llega al 99,5% de la población brasileña y es el mayor grupo de comunicación de Sudamérica.
Favores recibidos. Si en Argentina se dice que el Grupo Clarín contribuye a la elección de presidentes, en Brasil se hace una afirmación similar y aún más verosímil con el caso del Grupo Globo, siempre cercano al poder o, más fielmente, hacedor de poder. Sucedió con José Sarney (quien vetó una reforma de la estructura de la propiedad mediática), con la construcción presidencial de Fernando Collor de Mello (“la mayor obra política del Grupo Marinho”, según definición de los analistas brasileños) y sucedió también a partir de 1994 con Fernando Henrique Cardoso.
A propósito de la opacidad y los rasgos feudales del sistema mediático concentrado del Brasil, la investigadora Verbena Córdula Almedail cita un estudio aparecido en Comunicaçao & Política (“Coronelismo eletrônico: o governo de Fernando Henrique Cardoso e o novo capítulo de uma velha história”) que revelaba que “de las 1.848 estaciones retransmisoras de televisión autorizadas durante el primer mandato de Fernando Enrique Cardoso, 261 fueron entregadas a empresas o entidades controladas por políticos profesionales, beneficiando directamente a 19 diputados federales, 11 diputados estatales, 6 senadores, 2 gobernadores, 7 alcaldes, 3 ex gobernadores, 9 ex diputados federales, 8 ex alcaldes y 22 otros políticos sin mandatos”. Otro estudio realizado en 2001 por el PT mostró que “de las 3.315 concesiones de radio y TV hechas por el gobierno de Brasil, 37,5% pertenecen a políticos (diputados, gobernadores, alcaldes) afiliados al Partido Frente Liberal (PFL), 17,5% pertenecen a políticos vinculados al Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) y 12,5% al Partido Progresista Brasileiro (PPB)”. Los políticos del PT no recibieron ninguna concesión.
Lo que ahora se propuso transformar Lula tiene que ver con ese mapa en el que resulta casi imposible identificar a los grupos concesionarios. También aquí aparecen paralelismos con la realidad argentina. Si la ley original de radiodifusión de la dictadura argentina intentaba establecer límites a la concentración (destrozados por el menemismo), lo mismo, al menos en los papeles, hacía la legislación brasileña de los ’60. Papeles que en la realidad no son respetados aunque una norma de 1967 estableció que la misma persona física no puede detentar la participación en más de diez emisoras de TV y radio en todo el país, o cinco para el caso de la VHF. Los límites fueron ampliamente vulnerados por las célebres “familias” de la comunicación concentrada del Brasil: la Marinho, la Sirotsky (RBS), la Saad (Bandeirantes), la Daos (TV Amazonas), la Jereissati (TV Verdes Mares), la Zahrn, la Câmara (TV Anhangüera) o la Abarbanel o Grupo Silvio Santos, que sólo a través del Sistema Brasileño de Televisión (SBT) tiene unas cien emisoras, además de intereses comerciales en el sector inmobiliario, financiero, de seguros, turismo y loterías.
A la ofensiva. En mayo de 2009, el Tribunal Supremo Federal abolió la ley del ’67 que, como la argentina de 1978, legalizaba la censura y todo tipo de control estatal. El vacío legal derivado de esa decisión permitió a Lula pasar a la ofensiva. Antes, durante su primer mandato, sus pasos habían sido vacilantes o fueron torpedeados por los grupos concentrados. No pudo llevar adelante un consejo de ética informativa, ni tranquilizar a los lobbies cuando en 2007 designó como ministro de Comunicaciones a Hélio Costa, periodista ligado al Grupo Globo. Pero sí impulsó un sistema público, la Empresa Brasil de Comunicaciones, que este año tendrá un presupuesto de 250 millones de dólares.
El año pasado, Lula inauguró em primer canal sindical de Brasil. La respuesta del establishment fue de manual: los custodios de la libre expresión sólo pertenecen al sector privado.
En agosto pasado Lula inauguró el primer canal sindical de Brasil, que emitirá por aire y por cable. Una de las respuestas en piloto automático del establishment nació de un encuentro organizado por la Asociación Nacional de Periódicos liderada por el Grupo Globo y en el que participó el candidato opositor, José Serra. El alerta fue de manual: los custodios de la libre expresión pertenecen al sector privado, del Estado sólo puede esperarse agitación y propaganda. También Fernando Henrique Cardoso habló de “tendencias autoritarias” que “ganan fuerza en Sudamérica”. Por si faltaban paralelismos con lo que sucede en Argentina, en las últimas semanas de la campaña, cuando el sistema mediático brasileño saturó con denuncias falsas o forzadas a la candidata oficialista, no faltaron actos de las centrales sindicales en las que se denunció una “conspiración de los medios golpistas”.
