Es costumbre que periodistas, medios y otros referentes de los sectores de mayor poder se quejen de lo conflictivo que es el gobierno o más bien “Los K”.
Acostumbrados a gobiernos obedientes, se sienten incómodos con esta “conflictividad”. Para quienes militamos en el campo popular, no es sorpresa el conflicto, sabemos que la distribución del ingreso y del poder, por añadidura, no se modifican sin conflicto, pero es interesante preguntarse ¿Qué relación hay entre el modelo económico y la capacidad del Gobierno para llevar adelante y ganar los conflictos?
Desde el 75 al 2002 las políticas de Estado estaban dirigidas a transmitir “señales a los mercados”. Un mendigo, el Estado, debe agradar a su benefactor y los mercados eran los “benefactores” de un Estado que sólo podía mantener una política de destrucción del aparato productivo y de si mismo mientras sus benefactores lo financiaran. Obviamente este Estado también generaba conflictos pero no con “el mercado”, sus víctimas eran los jubilados, trabajadores y desocupados e inclusive los pequeños y medianos empresarios y profesionales, pero estos conflictos para los “comunicadores” eran aceptables mientras se esperaba que llegue el “derrame”.
Mientras el mendigo tuvo algo para dar, el mercado le prestó, finalmente le soltó la mano y llegó el default, que vale aclarar no lo sufrieron los mercados sino sus nuevas víctimas los jubilados del primer mundo y, por supuesto, las victimas de siempre.
Muchas veces nos preguntamos que miopía acompaña a las grandes empresas que a pesar de tener resultados positivos sin precedentes se manifiestan contrarios a esta política económica. La respuesta es simple, el Estado dejó de ser mendigo y pasó a tener capacidad de intervención. Ya no está obligado a agradar a los mercados, sino que puede elegir agradar a sus votantes. O dicho de otra forma, las víctimas del conflicto dejaron de ser los que menos tienen y pasaron a ser (o por lo menos potencialmente) los que tienen acceso a los medios de comunicación.
Los números muestran por que el Estado dejó de mendigar, inclusive casi la mitad de la deuda pública total es con organismos del mismo Estado (BCRA, ANSESS, Bco. Nación, etc.)
¿Pero esto fue consecuencia de la buena fortuna? El 2009 muestra que no. En el 2009 se sufrió la sequía más importante desde la campaña 1951/2 (recordar el impacto sobre el gobierno de Perón), la crisis mundial comparable solo con la de 1930, la mayor debilidad política del gobierno y una enorme fuga de capitales. Sin embargo, el gobierno no modificó la política sino que la profundizó con la AUH, un plan de obras expansivo, ayuda a empresas destinada a conservar las fuentes de trabajo, fuerte intervención para evitar una avalancha importadora, etc.. Inclusive se pudo mantener el superávit primario y obtener una fuerte suba (contra lo esperado) del superávit comercial y de cuenta corriente.
Precisamente son estos superávits los que le dan independencia al Estado, pero aún más importante es como capta y distribuye el gobierno estos superávits. El superávit fiscal permite una persistente política de desendeudamiento y se logra a pesar del incremento en las jubilaciones y los subsidios a los sectores más necesitados y, fundamentalmente, aumentando los recursos para la ejecución de obra pública. Es decir, desde el lado del gasto se lleva adelante una fuerte política distributiva y desde el lado de los ingresos, por medio de las retenciones, se capta la renta extraordinaria de los sectores agrícolas. Las retenciones además permiten mantener los precios de los alimentos más baratos que los que corresponden al actual tipo de cambio y este tipo de cambio alto permite proteger y desarrollar la industria. A este tipo de cambio se lo denomina competitivo y el BCRA con su intervención permanente le da estabilidad (En el sentido que no presenta bruscas oscilaciones en su evolución), a esto se lo denomina: Tipo de Cambio Real Competitivo y Estable (TCRCE). Según Frenkel, la preservación del TCRCE es de las mejores contribuciones que puede hacer la política macroeconómica al crecimiento y el empleo.
1. A través de los canales de transmisión macroeconómico y de desarrollo, el tipo de cambio competitivo provee un poderoso estímulo al crecimiento y el empleo.
2. A través del canal de intensidad laboral el TCRCE establece un estímulo particular sobre el aumento del empleo, adicional al que resulta de la expansión de la producción.
3. A través de sus efectos sobre el resultado de la cuenta corriente y la acumulación de reservas internacionales, el TCRCE reduce la vulnerabilidad de la economía frente a shocks externos negativos, reales y financieros, y cumple una función preventiva de tendencias insostenibles en el endeudamiento externo.
Sin embargo, estás no son las únicas acciones que se desprenden de la activa participación del Estado, son fundamentales para la distribución del ingresos, entre otras:
• La Política Industrial, sobre todo de protección contra las importaciones y fomento de las exportaciones
• La Política del mercado laboral: salario mínimo vital y móvil, movilidad de las jubilaciones y convenciones colectivas de trabajo
• El fomento de Cooperativas de trabajadores y desocupados
• Las políticas de control de precios.
• Las de captación del ahorro (estatización de los fondos de las AFJP, acumulación de reservas)
• La estatización / nacionalización de empresas de servicios públicos y la mayor injerencia en las inversiones de las operadas por privados.
• Y las ya nombradas AUH, plan de obras expansivo, ayudas a empresas destinada a conservar las fuentes de trabajo.
Respecto de cada una de estas políticas pueden existir diversas opiniones acerca de su profundidad, relación recursos involucrados vs. beneficios obtenidos y hasta si realmente benefician a los sectores más desprotegidos. Pero no se puede negar que son fruto de la capacidad de intervención del Estado y es precisamente esta mayor capacidad de intervención la que genera conflictos con aquellos que controlan o controlaban el mercado y que se sentían cómodos con un Estado incapacitado para intervenir y limitado a mandarles buenas señales. En resumen, quizás la intervención del Estado pueda ser diferente o más eficiente, pero sólo con un Estado que ha recuperado su capacidad de intervención se puede tener la esperanza de solucionar los problemas estructurales de Argentina.
Horacio Seillant
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